Insolvencia de personas físicas: a quién no le cancelarán las deudas

Llegan personas que preguntan «cuánto cuesta que me cancelen las deudas» y se sorprenden cuando la conversación empieza por otro lado: si se las cancelarán siquiera. Un procedimiento no termina automáticamente con la exoneración: es una decisión del tribunal, y a veces se deniega. Esto es exactamente por lo que se deniega.

Dos procedimientos distintos

Insolvencia extrajudicial a través de un centro de servicios públicos (MFC). Gratuita, seis meses, con una deuda de entre 25 000 y 1 millón de rublos. La condición clave es un procedimiento de ejecución archivado por falta de bienes, o una ejecución prolongada en la que una pensión o una prestación estatal es el único ingreso. Si usted tiene un coche o una participación en un piso, esta vía está cerrada.

Insolvencia judicial. A través del tribunal comercial (arbitrazh), con un administrador concursal y, bien la realización de los bienes, bien la reestructuración. Aquí no hay límite máximo de importe, pero hay costes: la remuneración del administrador, las publicaciones, el correo.

El procedimiento extrajudicial es más sencillo, pero tiene un filtro estricto a la entrada. La vía judicial es más accesible, pero es allí donde empieza la comprobación.

Por qué se deniega la exoneración

La ley lo regula en el artículo 213.28. En la práctica hay cuatro motivos de denegación, y se presentan en el siguiente orden.

Información falsa al solicitar un crédito. El caso clásico: el formulario del banco muestra unos ingresos del doble de la cifra real, y el certificado de respaldo se elaboró «para que lo aprobaran». El banco incorpora el formulario al expediente y el tribunal ve la discrepancia con los datos de la autoridad tributaria. Es un motivo directo para no exonerar la deuda con ese acreedor concreto.

Ocultación o destrucción de bienes. Vender un coche a un familiar un mes antes de presentar la solicitud, transferir a la madre una participación en un piso, retirar una gran suma de una cuenta sin explicación. El administrador concursal ve tres años de movimientos de cuentas y operaciones inscritas en los registros estatales.

No facilitar información al administrador. El deudor debe entregar documentos, tarjetas bancarias e información sobre sus bienes. No acudir a una reunión, ignorar los requerimientos, «no sabía que tenía que hacerlo»: el tribunal lo interpreta todo como obstrucción del procedimiento.

Evasión deliberada del pago. No se trata de no tener dinero. Se trata de la situación en que hay ingresos, se ocultan, y el dinero se gasta en el día a día mientras se ignoran por completo los procedimientos de ejecución.

Una categoría aparte la forman las deudas que nunca se cancelan: pensiones alimenticias, indemnización por daños a la vida y la salud, salarios de los trabajadores, responsabilidad subsidiaria, indemnización por pérdidas causadas a una persona jurídica y deudas derivadas de un daño causado deliberadamente.

Qué comprueba el administrador concursal

El administrador concursal no es un asistente del deudor. Su trabajo es constituir la masa de la insolvencia y revisar las operaciones de los tres años anteriores a la admisión de la solicitud.

Solicita extractos de todas las cuentas, datos de la policía de tráfico y de Rosreestr (el registro estatal de bienes inmuebles), datos de ingresos de la autoridad tributaria y el registro de insolvencias y, cuando es necesario, también los datos de las operaciones del cónyuge, porque los bienes comunes también pasan a la masa.

Las operaciones que suscitan preguntas son: ventas por debajo del valor de mercado, ventas a familiares, donaciones, un contrato matrimonial celebrado poco antes de que surgieran las deudas y una división de bienes en juicio «de común acuerdo». Tales operaciones se impugnan, el bien vuelve a la masa y se valora la conducta del deudor.

Qué hacer antes de presentar la solicitud

Primero: calcule qué puede perder. La vivienda única se conserva salvo que esté hipotecada. Un piso hipotecado se realiza aunque sea el único y haya hijos inscritos como residentes. Un coche se conserva solo cuando es necesario por una discapacidad.

Segundo: reconstruya su historial de endeudamiento. Qué importes, cuándo y qué se declaró al contratarlos. Si en algún lugar se exageraron los ingresos, no es fatal, pero conviene saberlo de antemano y preparar una explicación de las circunstancias.

Tercero: no realice operaciones. Cualquier movimiento de bienes en la víspera de la insolvencia juega en contra del deudor. El intento de «salvar» un piso transfiriéndolo termina con el piso devuelto a la masa y la exoneración denegada: se pierde ambas cosas.

Cuarto: sopese las alternativas. A veces una reestructuración con el banco o un acuerdo es mejor que la insolvencia: la insolvencia cierra el acceso al crédito, le impide dirigir una persona jurídica durante tres años y, durante cinco años, le obliga a revelar la insolvencia al solicitar un préstamo.

Qué pasa con su trabajo y su familia

La insolvencia de una persona física no le cuesta el empleo ni afecta a sus derechos laborales, salvo la prohibición de ocupar puestos directivos durante tres años, y durante más tiempo en las entidades financieras.

Los bienes del cónyuge adquiridos durante el matrimonio pasan a la masa común: se realiza la parte del deudor y al otro cónyuge se le paga su parte del producto. Es una parte desagradable del procedimiento, y que a menudo se descubre solo cuando ya está en marcha.

Plazos

El procedimiento judicial con realización de bienes dura al menos seis meses, aunque en realidad suele durar de nueve a doce cuando hay operaciones controvertidas. La vía extrajudicial dura exactamente seis meses, siempre que el deudor no adquiera bienes en ese tiempo y ningún acreedor presente objeciones.

Este material es meramente informativo. Cada historia de deudas está hecha de detalles: dos situaciones similares pueden terminar de forma distinta por una sola operación de hace tres años.

Si está considerando la insolvencia y quiere entender de antemano cómo terminará, escríbanos: la primera consulta es gratuita si se firma un contrato de servicios jurídicos.

Sergey Besedin, socio de Kovalev y Asociados (Kovalev & Partners LLC), jurista