Desde el 1 de octubre de 2026: nuevas reglas para marketplaces y vendedores

Qué cambia

Desde el 1 de octubre de 2026, los marketplaces, agregadores de servicios y plataformas de reparto incluidos en el registro estatal de plataformas digitales intermediarias deben relacionarse con vendedores, contratistas y propietarios de puntos de recogida con arreglo a reglas uniformes que la plataforma ya no puede reescribir unilateralmente.

Desde qué fecha

La ley principal entra en vigor el 1 de octubre de 2026. Ese mismo día surten efecto las modificaciones complementarias de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y de la Ley de Comercio, junto con las multas administrativas por infracción de las nuevas reglas.

Después viene una implantación por fases. El Ministerio de Desarrollo Económico debe publicar el registro de plataformas a más tardar el 2 de noviembre de 2026. Los reglamentos de desarrollo que imponen requisitos obligatorios surten efecto no antes de 90 días tras su publicación oficial, por lo que parte del mecanismo llegará al mercado solo en 2027.

A quién afecta

En primer lugar, a quien venda mercancías o preste servicios a través de grandes plataformas. El Gobierno ha clasificado como plataformas intermediarias las que tienen una audiencia media diaria de 100 000 usuarios o más y, o bien un volumen anual de operaciones de 50 000 millones de rublos o más, o bien 10 000 vendedores o más con al menos una operación en el año anterior. Todo gran marketplace, servicio de transporte con conductor, reparto de comida y plataforma de servicios entra en estos umbrales.

La ley se dirige directamente a grupos concretos: vendedores de mercancías, incluidos los empresarios individuales y los autónomos; contratistas que prestan servicios a través de una plataforma como personas físicas; propietarios de puntos de recogida; y compradores. Y a los propios operadores de las plataformas, que ahora tienen una supervisión específica del Servicio Federal Antimonopolio y de Rospotrebnadzor.

Quedan fuera: las tiendas en línea que venden solo sus propias mercancías, los servicios bancarios y financieros, las tiendas de aplicaciones, los servicios audiovisuales, las plataformas de contratación pública y las subastas de insolvencia y privatización.

Cómo era y cómo será

El contrato. Antes, el vendedor aceptaba la oferta estándar de la plataforma y sus condiciones podían cambiar en cualquier momento, a menudo con carácter retroactivo. Ahora el contrato debe contener una lista exhaustiva de medidas de responsabilidad, un procedimiento de reclamaciones, los principios de las valoraciones y del posicionamiento en las búsquedas, y las reglas de liquidación y de cálculo de la comisión de la plataforma. El operador debe conservar la versión vigente y todas las anteriores del contrato durante al menos tres años y ponerlas a disposición desde la cuenta del vendedor.

Modificación de las condiciones. Antes, los vendedores se enteraban de las nuevas comisiones por un boletín, a veces con un día de antelación. Ahora la plataforma debe dar un preaviso de al menos 45 días para medidas de responsabilidad más duras, una comisión mayor, un cambio en la forma de calcular la comisión, una reducción de la remuneración de los puntos de recogida o cambios en las condiciones de aceptación, almacenamiento, entrega y devoluciones. Todos los demás cambios requieren un preaviso de al menos 15 días. Las únicas excepciones son los cambios que mejoran la posición del vendedor o adecuan el contrato a la ley.

Descuentos financiados por el vendedor. Antes, una plataforma podía rebajar el precio de un producto a costa del vendedor a su discreción. Ahora esto requiere un aviso con al menos cinco días hábiles de antelación y el consentimiento del vendedor en la forma fijada por el contrato. El vendedor puede fijar un precio mínimo, que equivale a una prohibición de vender por debajo de él a su costa. La negativa a un descuento no puede ser motivo para bloquear la cuenta, eliminar una ficha, reducir la valoración o relegar la ficha en los resultados de búsqueda.

Bloqueo y sanciones. Antes, se podía eliminar una ficha y cerrar una cuenta sin explicación. Ahora los motivos están limitados por la ley y el contrato, y antes de aplicar cualquier medida el operador debe enviar un aviso motivado que señale las disposiciones infringidas con al menos tres días de antelación. Si se restringe el acceso a la cuenta, el vendedor debe conservar el acceso a los contratos, a los estados de conciliación y a la sección de reclamaciones. Una vez subsanada la infracción, las medidas deben levantarse en 48 horas.

Controversias. Antes, una queja al servicio de soporte era un gesto de buena voluntad. Ahora, antes de acudir a los tribunales por sanciones, eliminación de fichas, bloqueo de la cuenta, reducción de valoraciones y cambios de posición en las búsquedas, es obligatoria una reclamación previa a través del propio sistema de la plataforma. El operador debe responder en 15 días y, si estima la reclamación, debe levantar las medidas en 48 horas.

La ficha del producto. Antes, los requisitos documentales dependían de la plataforma. Ahora, para las mercancías sujetas a evaluación de conformidad obligatoria, registro estatal o etiquetado, el vendedor debe incluir en la ficha un enlace a la inscripción en el registro correspondiente, y la plataforma no debe permitir fichas sin estos datos. La Ley de Comercio prohíbe ahora expresamente a cualquier vendedor publicar ofertas de mercancías sin certificados, declaraciones, certificados de registro o etiquetado válidos, así como suplementos dietéticos, medicamentos, productos sanitarios y plaguicidas no registrados.

El comprador. Antes, una reclamación sobre una mercancía comprada en un marketplace debía dirigirse directamente al vendedor, a menudo en otra región. Ahora el operador se considera propietario de un agregador conforme a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y debe proporcionar los medios técnicos para presentar reclamaciones al vendedor directamente en la plataforma, reembolsar el dinero a través de la plataforma y, cuando la entrega se hizo con la logística propia de la plataforma, aceptar la mercancía devuelta mediante esa logística.

Puntos de recogida. Antes, la relación entre un punto de recogida y la plataforma se regía solo por el contrato. Ahora el operador debe aprobar reglas de relación con los propietarios de puntos de recogida que distribuyan el riesgo de daño y pérdida de las mercancías, y una reducción de la remuneración del punto de recogida es uno de los cambios que requieren 45 días de preaviso. La liquidación con un comprador en un punto de recogida no lo convierte en un establecimiento minorista, salvo que allí se exhiban y vendan mercancías no pedidas en la plataforma.

Contratistas individuales. Para mensajeros, conductores y profesionales de oficios que trabajan a través de una plataforma como autónomos, la ley establece los rasgos que mantienen la relación en el ámbito civil y no laboral: un encargo para un trabajo concreto sin horario de trabajo ni reglamento interno, el derecho a rechazar un encargo sin penalización y el pago por cada encargo por separado. La plataforma debe restringir el trabajo sistemático de un contratista para un único cliente conforme a criterios que fijará el Gobierno.

Qué hacer ahora

1. Audite sus fichas. Para cada producto, compruebe si está sujeto a evaluación de conformidad obligatoria, registro estatal o etiquetado, y añada a la ficha un enlace a la inscripción en el registro. La plataforma eliminará por sí misma las fichas sin documentos, y el vendedor se expone a una multa.
2. Relea el contrato de la plataforma en su nueva versión. Las plataformas actualizaron sus condiciones estándar para el 1 de octubre. Localice la lista de medidas de responsabilidad, el procedimiento de reclamaciones, las reglas de valoración y de posicionamiento y el procedimiento de liquidación. Lo que no figure en el contrato, la plataforma no tiene derecho a aplicarlo.
3. Fije precios mínimos. Fije un precio mínimo para cada producto en su cuenta o active la prohibición de descuentos financiados por el vendedor. Es la única forma de detener las promociones automáticas sin su consentimiento.
4. Lleve un registro de avisos. Anote la fecha de cada aviso de modificación del contrato y cuente 45 o 15 días. Un cambio introducido antes de tiempo puede impugnarse.
5. Solicite un estado de conciliación. El operador debe facilitarlo en siete días hábiles y actualizarlo al menos una vez al mes. Es el documento en el que empieza cualquier controversia sobre dinero.
6. Prepare un modelo de reclamación. Desde el 1 de octubre un tribunal no examinará la controversia sin una reclamación previa a través del sistema de la plataforma. La reclamación debe incluir documentos que demuestren que las actuaciones del operador carecían de justificación, por lo que deben guardarse desde el primer día las capturas de pantalla de los avisos y la correspondencia.
7. Los propietarios de puntos de recogida deben solicitar las reglas de relación aprobadas por el operador y contrastarlas con el reparto de la responsabilidad por daño y pérdida de las mercancías.

Qué pasa si no hace nada

El vendedor que publique una ficha de producto incumpliendo los requisitos responde conforme al Código de Infracciones Administrativas desde el 1 de octubre: para empresarios individuales y directivos, una multa de 5 000 a 30 000 rublos; para las empresas, de 30 000 a 70 000 rublos; y por reincidencia, hasta 50 000 y 200 000 rublos respectivamente. La ficha será eliminada, y una eliminación efectuada para cumplir la ley no puede impugnarse por el sistema previo.

El vendedor que no ha fijado un precio mínimo y no responde a un aviso de descuento se arriesga a una promoción a su costa en las condiciones que la plataforma incluya en el contrato como forma de consentimiento.

El vendedor que acuda a los tribunales saltándose la reclamación en la plataforma verá devuelta la demanda y perderá tiempo mientras la ficha no vende.

El operador que infrinja el procedimiento de descuentos se expone a una multa de 100 000 a 300 000 rublos para la empresa y de 30 000 a 80 000 rublos para los directivos. La supervisión la ejerce el Servicio Federal Antimonopolio sin inspecciones programadas, es decir, a raíz de quejas de los participantes del mercado, mientras que los requisitos sobre fichas y puntos de recogida los supervisa Rospotrebnadzor.

Lo que la ley no contiene

No hay claridad sobre lo que ocurre entre el 1 de octubre y la publicación del registro. Según el texto, una plataforma se convierte en plataforma intermediaria desde el momento en que se inscribe en el registro, y el registro aparecerá a más tardar el 2 de noviembre. Formalmente, en octubre una plataforma puede considerar que la ley aún no se le aplica, aunque las multas por fichas conforme a la Ley de Comercio se aplican a cualquier vendedor con independencia del registro. Es la primera cuestión sobre la que surgirá jurisprudencia.

No hay procedimiento de verificación de fichas. La lista de registros con los que la plataforma debe verificar los documentos y el procedimiento de interacción con ellos los fijará el Gobierno. Hasta que aparezcan esas reglas, cada plataforma comprueba como le parece y los requisitos para los vendedores diferirán.

No hay forma de consentimiento al descuento. La ley remite a la forma fijada por el contrato. Esto significa que la propia plataforma decidirá cómo es el consentimiento, y cabe esperar construcciones como la «participación en la promoción por defecto con derecho a darse de baja». Si tales construcciones se ajustan a la ley lo decidirá el servicio antimonopolio o un tribunal.

No hay criterios de trabajo sistemático para un único cliente para los contratistas individuales. El Gobierno los fijará para sectores concretos; hasta entonces la línea entre la relación civil y la laboral sigue donde estaba.

No hay un mecanismo directo de indemnización para el vendedor tras un bloqueo injustificado. La ley exige levantar las medidas en 48 horas, pero las pérdidas por los días de inactividad se reclaman conforme a las reglas generales del derecho civil, y habrá que probarlas ante el tribunal.

Este material es meramente informativo y no sustituye el asesoramiento sobre un asunto concreto.

Si su negocio depende de una plataforma y quiere superar los primeros meses con las nuevas reglas sin fichas eliminadas ni promociones perdidas, póngase en contacto con nosotros. La primera consulta es gratuita si se firma un contrato de servicios jurídicos.

Legislación: Ley Federal n.º 289-FZ del 31 de julio de 2025 «Sobre ciertas cuestiones de la regulación de la economía de plataformas en la Federación de Rusia»; Ley Federal n.º 290-FZ del 31 de julio de 2025 «Sobre la modificación de ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia»; Ley Federal n.º 295-FZ del 4 de agosto de 2026 (responsabilidad administrativa); Resoluciones del Gobierno n.º 54 del 28 de enero de 2026 (criterios de las plataformas) y n.º 504 del 30 de abril de 2026 (reglas del registro).

Vladimir Kovalev, jurista, fundador y socio director de Kovalev y Asociados