Procedimiento de ejecución y alguaciles

Qué ocurre

La sentencia se obtuvo hace un año y se abrió el procedimiento, pero nada cambia en la base de datos de los alguaciles. El alguacil no responde, no parece haberse hecho ninguna averiguación, y el deudor sigue conduciendo un auto registrado a su nombre.

La tarjeta en la que se recibe el salario o la pensión ha sido bloqueada y vaciada hasta el último kopek. La persona se entera de la deuda por una notificación del banco y no tiene idea en qué documento se basa ni para qué es.

La deuda se pagó hace mucho y el procedimiento se cerró, pero siguen la prohibición de salir del país y el bloqueo para volver a registrar el auto. O al revés: el procedimiento se cerró por «imposibilidad de cobro», aunque el deudor sí tiene bienes.

Qué dice la ley

• La ejecución se rige por la Ley Federal n.º 229-FZ de 2 de octubre de 2007 «Sobre el procedimiento de ejecución» (la Ley de Procedimiento de Ejecución). Una vez abierto el procedimiento, se concede al deudor un plazo para pagar voluntariamente, por lo general 5 días, tras el cual se aplican medidas coercitivas.
• Un título ejecutivo puede presentarse para su ejecución dentro de los tres años desde que la sentencia entra en vigor. Si el procedimiento se cierra porque el cobro resultó imposible, el título se devuelve al acreedor y puede presentarse de nuevo.
• Las partes pueden examinar el expediente de ejecución y presentar solicitudes: para localizar bienes, para enviar consultas a bancos y registros, para restringir los viajes del deudor al extranjero. El alguacil debe responder a una solicitud con una resolución formal.
• Por regla general, no puede descontarse más de la mitad del salario o de la pensión, y el deudor puede solicitar conservar un ingreso mensual equivalente al mínimo vital. Ciertos pagos y los bienes enumerados en el Código de Procedimiento Civil están protegidos de la ejecución.
• Las resoluciones, acciones y omisiones de los alguaciles pueden impugnarse ante un funcionario superior o ante el tribunal conforme al Código de Procedimiento Administrativo. Los plazos son breves y se cuentan en días, por lo que la demora no es una opción.
• Se cobra una tasa de ejecución si la deuda no se paga voluntariamente a tiempo; el tribunal puede reducirla o eximir de ella al deudor si el retraso no fue culpa suya.

Qué hacemos

• Examinamos el procedimiento de ejecución: el fundamento, los importes, las resoluciones dictadas y si los bloqueos y las restricciones son lícitos.
• Para los acreedores, presentamos solicitudes de medidas de ejecución concretas y de localización del deudor y de sus bienes, y les damos seguimiento.
• Identificamos bienes e ingresos que el alguacil pueda haber pasado por alto y los comunicamos al procedimiento.
• Para los deudores, preparamos solicitudes para conservar el mínimo vital, para liberar pagos protegidos, para aplazamiento o pago en cuotas, y para reducir la tasa de ejecución.
• Impugnamos las resoluciones y la inacción de los alguaciles ante el jefe de la división y ante el tribunal.
• Comprobamos si las restricciones se han levantado tras cerrarse el procedimiento y solicitamos su levantamiento si no es así.

Qué necesitaremos de usted

• La sentencia y el título ejecutivo, o el número del procedimiento de ejecución.
• Las resoluciones de los alguaciles y las notificaciones del banco sobre cargos y bloqueos.
• Para deudores: constancias de ingresos, cartas de concesión de pensión o prestación y datos de qué pagos llegan a la cuenta.
• Para acreedores: todo lo que sepa sobre los bienes, el empleo y el domicilio del deudor.
• Correspondencia con la oficina de los alguaciles y las respuestas a cualquier queja.