Controversias en contratos públicos

Qué ocurre

Los trabajos están terminados y los documentos de recepción se enviaron por el sistema de información unificado, pero el cliente responde con negativas motivadas cuyos comentarios cambian de una carta a otra. El pago está bloqueado, el plazo de ejecución formalmente venció y se acumulan penalidades por mora.

El cliente descontó una multa elevada de la garantía de ejecución, calculándola por separado para cada incumplimiento. La empresa está convencida de que el retraso fue responsabilidad del propio cliente: el terreno se entregó tarde y la documentación de diseño nunca se aprobó.

Los precios de los materiales han subido tanto que ejecutar el contrato implica una pérdida. La empresa busca una vía lícita para modificar el precio o rescindir de común acuerdo sin arriesgarse a la lista negra.

Qué dice la ley

• La ejecución de un contrato público se rige por el Código Civil y por la Ley Federal n.º 44-FZ de 5 de abril de 2013 "Sobre el sistema de contratación para la adquisición de bienes, obras y servicios para atender necesidades estatales y municipales" (Ley 44-FZ). Las penalidades y su forma de cálculo se fijan en el contrato conforme a reglas aprobadas por el Gobierno, y el total de las multas cobradas tiene un tope.
• Conforme a la Ley 44-FZ, las condiciones esenciales de un contrato solo pueden modificarse en los casos expresamente previstos por la ley, incluso de común acuerdo cuando el volumen cambia dentro de los límites permitidos.
• La recepción conforme a la Ley 44-FZ se realiza, por regla general, por vía electrónica en el sistema de información unificado. La negativa motivada a firmar un documento de recepción debe indicar motivos concretos, y son esos motivos los que hay que impugnar.
• La rescisión unilateral del cliente surte efecto diez días después de que se haya notificado debidamente al proveedor, y este puede subsanar el incumplimiento dentro de ese plazo.
• Las controversias en contratos públicos las conoce el tribunal comercial (arbitrazh). Antes de presentar una demanda de pago, el Código de Procedimiento Comercial (APK) exige, por regla general, una carta de reclamación y una espera de 30 días naturales.
• En ciertos períodos el Gobierno ha aprobado reglas para condonar las penalidades cobradas a los proveedores. Que se apliquen o no a un contrato determinado depende de sus fechas y circunstancias.

Qué hacemos

• Analizamos el contrato, las especificaciones, el calendario de ejecución y la correspondencia, y establecemos quién causó el retraso.
• Verificamos el cálculo de las penalidades y multas conforme al contrato y a las reglas para su cobro.
• Redactamos las respuestas a las negativas motivadas y a las reclamaciones, y dejamos constancia de los propios incumplimientos del cliente.
• Recuperamos el pago de los trabajos ejecutados, los importes retenidos sin fundamento y la garantía.
• Representamos a la empresa ante el tribunal comercial en las reclamaciones del cliente y en las contrademandas.
• Evaluamos las opciones para modificar el precio y los plazos y para rescindir el contrato de común acuerdo.
• Cuando el cliente ha anunciado la rescisión unilateral, también defendemos a la empresa frente a su inclusión en el registro de proveedores desleales.

Qué necesitaremos de usted

• El contrato con todos sus anexos y acuerdos complementarios.
• Documentos de recepción: actas, registros en el sistema de información, negativas motivadas, informes periciales.
• Correspondencia con el cliente: cartas, notificaciones, actas de reuniones.
• Pruebas de lo que impidió la ejecución: cartas de los proveedores, fotografías, documentación técnica final de obra, registros de trabajo.
• El cálculo del cliente de sus reclamaciones y los datos de cualquier descuento aplicado a la garantía.