Impugnación de una decisión de la autoridad tributaria

Qué ocurre

El acta de la inspección in situ resultó voluminosa: la inspección rechazó gastos y deducciones del IVA correspondientes a varios proveedores, calificándolos de sociedades «pantalla». Hay un mes para presentar objeciones, y los documentos de operaciones de hace tres años están dispersos entre archivos y antiguos empleados.

Se presentaron objeciones, pero la decisión reproduce casi literalmente el acta de inspección. La empresa duda de si vale la pena apelar ante la dirección regional y teme que los importes liquidados se descuenten de sus cuentas mientras dure la disputa.

A veces solo se discute una parte de la decisión: la inspección calculó mal los intereses, ignoró un pago en exceso o no tuvo en cuenta circunstancias atenuantes. Estos puntos también se tratan en la apelación, y las sumas pequeñas no son motivo para dejarlos pasar.

Qué dice la ley

• Las objeciones escritas al acta de inspección se presentan en el plazo de un mes desde su recepción (artículo 100 del Código Tributario); los materiales de la inspección se examinan con el contribuyente presente, al que debe notificarse la hora y el lugar.
• Una decisión que aún no ha entrado en vigor se impugna mediante una apelación ante la autoridad tributaria superior, presentada a través de la inspección que la dictó, en el plazo de un mes desde su notificación; la apelación suspende la entrada en vigor de la decisión (artículo 139.1 del Código Tributario).
• Antes de acudir al tribunal comercial (arbitrazh), la decisión de una inspección debe apelarse ante la autoridad tributaria superior: el procedimiento previo al juicio es obligatorio (artículo 138 del Código Tributario).
• La solicitud para que se declare inválida la decisión se presenta ante el tribunal comercial (arbitrazh) conforme al capítulo 24 del Código de Procedimiento Comercial (APK), por regla general en los tres meses siguientes a que la sociedad tuvo conocimiento de que se vulneraron sus derechos.
• Junto con la solicitud, puede pedirse al tribunal que suspenda la decisión impugnada como medida cautelar, de modo que los importes no puedan cobrarse sin orden judicial mientras dure el proceso.
• Las circunstancias atenuantes (artículo 112 del Código Tributario) permiten reducir la multa al menos a la mitad (artículo 114 del Código Tributario); se alegan en las objeciones, en la apelación y ante el tribunal.

Qué hacemos

• Desglosamos el acta o la decisión punto por punto: qué se alega, con qué pruebas y dónde la inspección ha ido más allá de lo que realmente reunió.
• Comprobamos el procedimiento: plazos, notificaciones, acceso a los materiales de la inspección y a los resultados de las medidas adicionales, y si la empresa tuvo una oportunidad real de participar.
• Reunimos pruebas de que las operaciones fueron reales y tuvieron propósito empresarial: documentos primarios, correspondencia, registros logísticos y de pagos, y declaraciones del personal de las contrapartes.
• Preparamos las objeciones, asistimos al examen de los materiales de la inspección y alegamos las circunstancias atenuantes.
• Redactamos la apelación ante la dirección regional o la queja ante el Servicio Federal de Impuestos y asistimos a la audiencia cuando la autoridad superior convoca a las partes.
• Preparamos la solicitud ante el tribunal comercial (arbitrazh) y la petición de medidas cautelares, y representamos a la empresa en primera instancia, en apelación y en casación.
• En paralelo, comprobamos si son lícitos los requerimientos de pago y los bloqueos de cuentas basados en la decisión.

Qué necesitaremos de usted

• El acta de inspección con sus anexos, o la decisión si ya se ha dictado.
• La decisión que ordena la inspección, los requerimientos y las respuestas, y las actas de los interrogatorios y de las inspecciones.
• Documentos sobre las operaciones controvertidas: contratos, documentos primarios, correspondencia, órdenes de pago.
• Las objeciones y apelaciones ya presentadas, si las hay.
• Información que pueda considerarse circunstancia atenuante: situación financiera, importancia social del negocio, ausencia de infracciones anteriores.